El Tribunal Supremo dictamina que la Tasa de Basura de PSPV-EU de 2006 es legal

El actual alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, junto con los 293 vecinos que recurrieron  junto a él la legalidad de la tasa de basura, tendrán que pagar de su bolsillo 6.000 euros en concepto de costas procesales.

Así lo dictamina la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación interpuesto por Agustí y otros vecinos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que desestimaba su demanda contra la ordenanza reguladora de la tasa de basura aprobada por el anterior equipo de gobierno de Paterna.

Reacciones de los partidos de la oposición

Los socialistas recriminan a Agustí que “su mala fe, su temeridad y su incansable protagonismo mediático” va a costar dinero a aquellos vecinos que, confiando en él, recurrieron una tasa de basura que, tanto la justicia como diferentes estudios económicos-financieros ,consideran conforme a derecho.

El PSPV exige a Agustí que asuma las responsabilidades políticas que le correspondan “por engañar y estafar a una buena parte de los paterneros para acceder a la Alcaldía, primero animándoles al impago de una tasa municipal y convirtiéndoles en morosos y deudores con el consistorio y después, cobrándoles con recargo la misma tasa que él les aconsejó no abonar”.

Asimismo, le piden que no siga manchando el buen nombre de Paterna y deje de hacer el ridículo prolongando innecesariamente un pleito judicial que ya le ha valido dos duras reprimendas de los altos tribunales.

Compromís per Paterna por su parte manifiesta que, “vamos a llevar al Tribunal de Cuentas toda la documentación para que determine si Lorenzo Agustí y los miembros de la Junta de Gobierno Local (JGL) que suspendieron la tasa han cometido presuntamente un delito de responsabilidad contable, puesto que puede ser que la tasa haya prescrito”.

Agustí “se cubrió las espaldas porque sabía que no tenía todas las de ganar, y el 28 de marzo de 2012 quitó la suspensión del cobro puesto que resulta que “no se puede mantener por más tiempo la suspensión de la ejecutividad sin correr el riesgo de que los valores prescriban” y que “Mantener la suspensión provocaría la prescripción de los valores con la responsabilidad que tendría el Ayuntamiento al haber suspendido la acción ejecutiva”.

Desde Compromís “pedimos explicaciones y que el alcalde tenga valor de dar la cara ante la ciudadanía y asumir su responsabilidad.

El Supremo ratifica lo dicho por el TSJCV

En este sentido, el Tribunal Supremo ratifica en todo momento lo dispuesto en la sentencia dictada por el TSJCV, de 10 de diciembre de 2008, que dejaba en evidencia la actuación de Lorenzo Agustí calificándola de “ejemplo de dilación procesal, falta de coherencia, abuso de derecho merecedor del mayor de los reproches por prolongar innecesariamente un pleito inútil”.

Y es que para los jueces, este proceso “es un despropósito ya que el recurrente es Lorenzo Agustí y el recurrido el Ayuntamiento de Paterna, con lo cual Agustí es a la vez parte demandante y alcalde de la parte demandada. “Es cuanto menos chocante que Agustí denuncie la ilegalidad de una tasa y, al mismo tiempo, la defienda como alcalde”.